Autor: Germán Lora Alvarez, socio de Damma Legal Advisors
Recientemente ha vuelto a la mesa de discusión la aplicación de la Suspensión Perfecta de Labores (SPL) ante los efectos que ya empieza a causar el Fenómeno El Niño. Aunque el discurso oficial se moderó con los días, inicialmente el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo deslizó la posibilidad de contemplar esta medida mediante la emisión de nuevas reglas procedimentales. Al respecto, resulta preocupante que se pretenda abordar la emergencia sobre la base de mayor carga normativa.
El verdadero debate no debe centrarse en crear nuevas normas, sino en la eficiencia del Estado ante este tipo de desastres. La premisa es clara: nuestro ordenamiento jurídico ya cuenta con las herramientas necesarias. No urgen nuevas reglas, sino una fiscalización competente y un soporte financiero directo para los trabajadores y empresas que resulten gravemente afectados.
No cometamos los mismos errores del pasado. Durante la emergencia sanitaria por la COVID-19, el Ejecutivo optó por diseñar un marco reglamentario extraordinario que terminó siendo altamente burocrático. Aquella normativa convirtió una medida de naturaleza excepcional en un laberinto documental que derivó en silencios administrativos, colapsos operativos y la posterior judicialización masiva de las relaciones laborales. Lejos de proteger el empleo, el exceso de regulación paralizó la toma de decisiones urgentes e instauró un clima de profunda incertidumbre para trabajadores, sindicatos y empleadores.
Actualmente, el Texto Único Ordenado de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral (LPCL) regula de forma idónea el caso fortuito y la fuerza mayor. Si un huaico destruye una planta industrial o una inundación bloquea los accesos imposibilitando materialmente la prestación del servicio, la vía legal ya existe y es de aplicación inmediata. No se requieren Decretos de Urgencia ni directivas especiales que solo confunden, complican y ralentizan la labor de las partes y de la propia autoridad administrativa.
En lugar de desgastar recursos redactando normas que entorpecen la reactivación, el Estado debe orientar sus esfuerzos a dos frentes verdaderamente útiles. Primero, se debe dotar a la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) de la capacidad logística y operativa necesaria para verificar, con celeridad y rigor, la existencia real de las causas invocadas por las empresas. No se trata de trabar la gestión empresarial, sino de evitar malas prácticas y garantizar la protección de los derechos laborales. Segundo, al aplicarse la suspensión perfecta, cesa temporalmente el pago de remuneraciones, dejando al trabajador sin ingreso económico. Asumiendo este impacto social, el Gobierno debería estructurar subsidios temporales o bonos directos para los trabajadores afectados por suspensiones debidamente validadas.
Es innegable que la suspensión perfecta traslada al trabajador parte del costo del desastre. Por ello, su aplicación debe ser estrictamente excepcional, acotada en el tiempo y restringida únicamente a las empresas que acrediten una imposibilidad real de operar. Sin embargo, para lograr ese nivel de rigurosidad no se necesita emitir una sola norma adicional.
Frente a la inminencia del Fenómeno El Niño, la estrategia del Estado no puede repetir la sobrerregulación ni la improvisación del pasado. La respuesta eficiente no radica en promulgar procedimientos de excepción para figuras que ya existen en nuestra legislación, sino en actuar con rigurosidad técnica y responsabilidad social.
En momentos de crisis, la prioridad debe ser fiscalizar con rapidez la veracidad de las causas invocadas y asumir un rol solidario que resguarde el sustento económico de los trabajadores, máxime cuando hoy en día los fondos de la CTS o de las AFP ya no están disponibles como colchón financiero para la mayoría de los peruanos.
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